Los mapas muestran el cambio en la superficie de explotación de la mina Las Crucitas; en el segundo caso, la mina llegará a una profundidad de 70 metros bajo el suelo. (Imagen de Dirección de Geología y Minas).

Expertos consideran que la mina en Crucitas es un “megaproyecto” al cual debió pedirse un Estudio de Impacto Ambiental por cada uno de sus componentes.

Deficiente y llenos de vacíos, así califican los integrantes del grupo “Llamado urgente al país” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Crucitas, pues en su criterio el documento no refleja los peligros reales de desarrollar la actividad minera en este lugar.

El geólogo Allan Astorga, la bióloga Yamileth Astorga y el abogado especialista en derecho ambiental, Nicolás Boeglin, analizaron para UNIVERSIDAD el documento en el cual se cambió el diseño de la mina original que había aprobado la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el 2002.

La empresa Industrias Infinito, presentó en diciembre del 2007 un cambio importante en el diseño de la mina propuesta a la SETENA, y esta entidad lo aprobó como una simple “ampliación” del EIA original; lo cual estos profesionales de las universidades públicas, consideran un grave error.

NO TOMARON EN CUENTA EL SAN JUAN

Para Allan Astorga, quien además es especialista en evaluación ambiental y fue Secretario General de la SETENA, un primer punto que llama la atención del Estudio es el equipo que se encargó de realizarlo.

Astorga mostró cómo el informe fue coordinado por un arquitecto de apellido Bermúdez, que es especialista en planes de desarrollo costero, mientras que en el equipo de trabajo solo figura un geólogo.

En su criterio, el primer grave error en el EIA es que se toma como zona de impacto indirecto el área cercana al proyecto, cuando lo adecuado era abarcar toda la microcuenca del río Infiernillo, hasta su desembocadura en el río San Juan y más allá.

“Por ser un megaproyecto, debió tomarse en cuenta toda la microcuenca del río Infiernillo porque es un proyecto que la afecta directamente, afecta el agua, el paisaje, la microcuenca hidrogeológica, que son varios kilómetros cuadrados”, expresó Astorga.

El geólogo consideró fundamental tomar en cuenta los impactos indirectos al río San Juan, pues en el EIA estos solo se mencionan de manera vaga y colateral, aunque en el documento se reconoce que un derrame en la represa de aguas tratadas, llegaría en tan solo 90 minutos a este río nicaragüense.

Nicolás Boeglin aseguró que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) nunca fue consultado sobre este proyecto por la SETENA, lo cual considera una gran omisión.

Agregó que SETENA debía tener en cuenta varios marcos de referencia para analizar el EIA de Las Crucitas, como por ejemplo un amplio estudio que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la cuenca del San Juan.

“Hay una falta de voluntad de cotejar los estudios hechos con antelación sobre las condiciones del lugar. Las Crucitas es una zona de altísima pluviometría, hay pasos de huracanes por ahí y tampoco pidieron nunca la opinión del Instituto Meteorológico Nacional o de la Comisión Nacional de Emergencia, todo es muy ligero en ese estudio”, comentó.

TRES VECES MAS GRANDE

El geólogo Astorga recordó que con la ampliación presentada en el 2007, la empresa ya no explotaría una franja de suelo de 7 metros de profundidad en un área de 165 hectáreas; sino que se cambió a 50 hectáreas, pero con una profundidad promedio cercana a los 70 metros.

“Si se hacen los cálculos, en volumen la cantidad de metros cúbicos pasa de 19 millones a 40 millones,  pero en tonelaje se triplica, porque la regolita (parte superficial del suelo) es menos densa que la roca, y el estudio no se hace en metros cúbicos, sino en toneladas; así que en estos términos el proyecto es tres veces más grande”, explicó Astorga.

Yamileth Astorga aseguró que la ampliación del volumen de la mina es presentado en el EIA solo de manera positiva, pues quienes lo elaboraron se empeñan en mostrar que el impacto ambiental es menor solo porque se redujo la superficie inicial del proyecto; pero no toma en cuenta los efectos de su profundidad.

Para esta bióloga y directora del Programa de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (PROGAI), el EIA es omiso al no considerar un adecuado manejo para la laguna en la que quedará depositado el material tratado con cianuro de la mina.

Esta laguna será la segunda más grande del país después del embalse Arenal, y la empresa solamente la monitoreará por 18 meses después de culminado el proyecto, por lo que para Astorga existe un alto riesgo si llega a haber algún desbordamiento o ruptura del dique.

“Este lago tiene mucho sedimento y si hay un rompimiento, la cantidad de lodo que va a llevar aguas abajo no se va a limitar a los ríos cercanos, como el Infiernillo, sino que el efecto en el San Juan puede ser devastador y podría llegar inclusive hasta Tortuguero”, expresó Astorga.

La especialista también cuestionó la afirmación del EIA de que al finalizar el proyecto en este lago se podría incorporar vida, pues en su criterio las aguas tendrían una alta acidez, lo cual impediría el desarrollo de organismos.

MEGAPROYECTO

Allan Astorga manifestó que otra omisión por parte de la SETENA al evaluar esta ampliación de EIA, fue el hecho de no considerar a Las Crucitas como un “megaproyecto”, definición que se da a las obras que son de alto interés para la sociedad y que en sus grandes componentes requieren de un EIA cada uno por separado.

“Este proyecto tiene un gran tajo, que por si solo en condiciones normales requería de un EIA, la laguna de relaves también tendría un estudio por separado, lo mismo que el campamento donde se instalan los trabajadores y hasta el quebrador en cualquier tajo pequeño requiere de un estudio de este tipo”, explicó Astorga.

El geólogo también señaló que este Estudio no hizo una “cuantificación” adecuada de los daños ambientales, los cuales se consideran “irreversibles” si no es posible recuperarlos después de 5 años, como es el caso del bosque talado y el suelo que debe ser removido.

“Es necesario, desde la economía ambiental, considerar cuánto cuesta cada árbol y cada efecto nocivo al ambiente; existen instrumentos para eso, pero en este EIA no se tomaron en cuenta”, comentó.

De acuerdo con Astorga esta valoración debe culminar con una sumatoria final del costo del proyecto, y luego se debe comparar con el beneficio económico para el país (no para la empresa), en el que considera, Costa Rica saldría perdiendo pues los cánones mineros son muy bajos.

“Esto además es muy importante para determinar la conveniencia nacional del proyecto, pero estos estudios no están por ningún lado en el decreto que emitó el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”, afirmó Astorga.

Yamileth Astorga, añadió que el grupo de profesionales universitarios, “Llamado urgente al país” presentó un recurso de amparo que pide la revocatoria de la viabilidad ambiental a este proyecto por las deficiencias del EIA. Este sería el primer paso para que se detenga el desarrollo de esta mina en la zona norte del país.

Paz con la Naturaleza pide moratoria a la minería

La iniciativa Paz Con la Naturaleza (IPN) rompió el silencio que ha mantenido durante la polémica por el decreto de “conveniencia nacional” dado al proyecto minero Las Crucitas por parte del gobierno, y ahora recomienda que se declare una nueva moratoria a la actividad minera.

En el pronunciamiento firmado por el coordinador de la oficina ejecutora de la IPN; Pedro León, se cuestiona la capacidad del país para regular y dar seguimiento adecuado a la actividad de minería metálica.

Si bien evita referirse en específico al tema de Las Crucitas, por respeto a los recursos presentados a la Sala Constitucional, el pronunciamiento deja claro que el actual Código de Minería es obsoleto y por tanto recomienda la moratoria.

“La moratoria permitiría iniciar un Diálogo Nacional sobre la conveniencia de la minería metálica a cielo abierto, en que diferentes puntos de vista sean atendidos y analizados, entre ellos el balance entre aspectos ambientales, económicos y sociales”, sugiere la IPN.

Esta entidad, creada por el actual gobierno, también pide que se consideren de forma completa, las salvaguardas recomendadas por la entidad para la actividad minera, pues como demostró UNIVERSIDAD en la pasada edición (1786), el MINAET solo las tomó en forma parcial.